El derecho de huelga, la libertad de trabajar y la responsabilidad de los poderes públicos
La Corriente Social Cristiana, ante la huelga general del 11 de noviembre, considera necesario expresar públicamente su posición sobre tres cuestiones fundamentales: la inoportunidad de la convocatoria, el respeto a la libertad de trabajar y, especialmente, la grave responsabilidad del Gobierno de la Generalitat en la paralización del transporte ferroviario de Cataluña.
1. Una huelga general inoportuna, de marcada significación política y perjudicial para el conjunto de la sociedad.
La Corriente reconoce plenamente el derecho constitucional de huelga y la legitimidad de las reivindicaciones laborales y sociales. Las dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de numerosos trabajadores y el deterioro de servicios públicos esenciales constituyen problemas reales que exigen respuestas efectivas.
Sin embargo, consideramos que esta huelga general es inadecuada e inoportuna, tanto por sus circunstancias como por sus consecuencias.
Convocada a tan solo dieciocho días de las elecciones generales, sin una reivindicación negociadora precisa ni un interlocutor gubernamental claramente definido, la movilización adquiere una dimensión política y electoral que desvirtúa su naturaleza sindical.
Resulta particularmente contradictorio que miembros destacados del propio Gobierno español apoyen una huelga que denuncia problemas que este ejecutivo no ha sido capaz de resolver a lo largo de sus ocho años de mandato.
Una huelga general nunca es gratuita. Conlleva un coste económico y social considerable, que no recae solo sobre las empresas, sino también sobre los trabajadores, autónomos, pequeños comerciantes y familias. La legitimidad de los motivos no justifica automáticamente cualquier convocatoria ni cualquier perjuicio. Hay que valorar su proporcionalidad, oportunidad y finalidad efectiva. La finalidad no justifica los medios.
2. El derecho de huelga no puede anular la libertad de trabajar.
La Corriente rechaza de forma inequívoca cualquier forma de violencia, intimidación o coacción ejercida en nombre del derecho de huelga.
Los llamados piquetes informativos tienen derecho a informar, expresar sus reivindicaciones e intentar convencer. Pero este derecho no les autoriza a impedir la apertura de comercios, bloquear el acceso a empresas, instalaciones o polígonos industriales, ni a forzar a los trabajadores a abandonar su actividad.
El derecho de huelga tiene como correlato necesario el respeto a la libertad de trabajar. Ambos deben poder ejercerse sin imposiciones.
Es especialmente grave que se pretenda presentar como éxito sindical la paralización de actividades causada por bloqueos, intimidaciones o imposibilidad material de desplazamiento. Un trabajador que no puede llegar al trabajo no es, por eso, un trabajador que haya decidido secundar la huelga.
Las autoridades públicas tienen el deber de garantizar simultáneamente el ejercicio pacífico de la huelga y la protección efectiva de los derechos de quienes deciden no participar.
3. La responsabilidad especialmente grave del Gobierno Illa: una paralización ferroviaria inaceptable.
La situación de Cataluña exige una consideración singular y una censura política explícita.
El Govern de Salvador Illa ha fijado unos servicios mínimos ferroviarios extraordinariamente restrictivos: solo el 25% en horas punta y, en el caso de Cercanías y Regionales, sin circulación programada fuera de estas franjas.
El contraste con los servicios mínimos establecidos para el conjunto de Cercanías del Estado, del 75% en hora punta y el 50% fuera de estas horas, pone de manifiesto la magnitud excepcional de la decisión catalana.
No se trata de una consecuencia inevitable del derecho de huelga, sino de una decisión administrativa que contribuye decisivamente a la paralización de Cataluña.
Es especialmente inadmisible que esto suceda en un país que ya sufre el deterioro crónico de Cercanías, con graves consecuencias para la movilidad, el trabajo y la actividad económica.
Esta actuación resulta aún más censurable en un contexto en el que el PSC gobierna simultáneamente la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación, y ha manifestado su sintonía política con la movilización.
Las instituciones no pueden confundirse con los intereses electorales del partido que las gobierna. Su obligación es servir al conjunto de los ciudadanos, incluidos los que no comparten la huelga.
La Corriente considera que esta actuación constituye una grave irresponsabilidad política y un abuso de la potestad administrativa, que exige una explicación pública y la asunción de responsabilidades.
Salvador Illa merece una censura explícita del Parlament de Catalunya por esta actuación de su Gobierno. Es necesario que el Parlamento examine los criterios empleados para establecer los servicios mínimos, evalúe sus consecuencias y exija las responsabilidades políticas correspondientes.
Una cuestión de calidad democrática
Una democracia necesita sindicatos independientes, trabajadores libres e instituciones que sirvan al interés general.
El derecho de huelga es una garantía de libertad, no una autorización para coaccionar. Y el poder político debe proteger los derechos de todos, no convertir a las instituciones en instrumentos de movilización partidista.
Defender el derecho de huelga exige también defender el derecho a trabajar. Gobernar exige servir a todos los ciudadanos, no solo a aquellos con los que se comparten objetivos políticos.
Corriente Social Cristiana (e-C) “La Corriente”
Barcelona, 12 de noviembre de 2026
