1. La legitimidad de los gobiernos en los sistemas democráticos se fundamenta en dos exigencias necesarias:
- La legitimidad de origen; es decir, que sea resultado de unas elecciones libres.
- La legitimidad de ejercicio, que nace de gobernar de acuerdo con las reglas constitucionales, manteniendo la confianza pública, preservando las instituciones y sometiéndose regularmente al control político y moral de la ciudadanía.
2. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene, de forma incuestionable, la primera. Ganó una investidura parlamentaria conforme a la ley, si bien su práctica está seriamente limitada por la fragilidad de su mayoría parlamentaria. Esto afecta gravemente su capacidad de gobierno y, por tanto, de alcanzar el bien común, pero no niega su legitimidad.
3. Pero la legitimidad de ejercicio sí está destruida por acumulación. Una erosión continuada y persistente. Un régimen democrático puede resistir errores, escándalos e incluso corrupciones puntuales. Lo que no soporta indefinidamente es la suma continua de deterioros sin respuesta política equivalente.
4. La losa principal es la corrupción. Ya no se trata de un episodio aislado ni de una lejana sombra. El círculo de investigaciones, imputaciones, procesamientos y sospechas que rodea al gobierno, el PSOE y el propio entorno personal del presidente ha alcanzado una densidad políticamente asfixiante, que culmina con la sólida imputación del expresidente Rodríguez Zapatero, que se añade a todas las anteriores, con el agravamiento de que ya está pendiente entre ellas la posible financiación ilegal del PSOE.
5. Una imputación no es ni de lejos una condena, pero nadie puede negar que llueve sobre mojado y se produce en un momento en el que la credibilidad del gobierno Sánchez es ínfima, también por acumulación de sus actuaciones y declaraciones.
6. Más allá de los actuales imputados en los numerosos casos de corrupción que ocupan las portadas de los medios de comunicación, existe toda una extensa trama de implicaciones administrativas, penales o morales que afectan a ministros en ejercicio, ex ministros, secretarios de estado, presidentes de empresas públicas, incluso al actual gobernador del Banco de España cuando ejercía de ministro. De hecho, hasta el propio Consejo de ministros está cuestionado y debe dar explicaciones por el caso de la aerolínea Plus Ultra.
7. La suma es el verdadero problema. No cada caso por separado, sino su acumulación. La opinión pública percibe un ecosistema enturbiado, una atmósfera permanente de sospecha. Y lo peor no es solo la corrupción misma, sino la incapacidad política de asumir su coste. Sánchez ha convertido cualquier crítica en una conspiración, cualquier investigación en lawfare, cualquier adversario en enemigo de la democracia. Pero llega un momento en el que la realidad pesa más que el relato.
La segunda fractura de legitimidad es institucional
8. La Constitución establece con toda claridad que el gobierno debe presentar presupuestos generales. Sánchez no lo ha hecho. Gobierna con la prórroga de los últimos presupuestos aprobados en la anterior legislatura. Es algo extraordinario convertido en normalidad. Un gobierno que presume de fortaleza parlamentaria, pero es incapaz de someter su proyecto económico anual al Congreso, está confesando implícitamente su impotencia con un grave perjuicio por la sociedad, todo lo contrario al bien común que debe perseguir. Los presupuestos son más que una herramienta contable. Son la expresión política central de un gobierno.
La tercera erosión es electoral
9. Cierto es que unas elecciones autonómicas no equivalen a unas generales. Pero cuando las derrotas se acumulan, su significado político resulta imposible de ignorar. El PSOE ha sido derrotado sucesivamente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora en Andalucía. Entre esos territorios suman aproximadamente el 27% de la población española. Y en todos ellos la diferencia de voto con el PP fue significativa. La derrota andaluza es especialmente grave. Andalucía es la comunidad más poblada de España. Sánchez se implicó personalmente hasta el extremo. La candidata era María Jesús Montero: vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda y número dos del PSOE. El mensaje político es inequívoco: parte muy importante del país ha retirado su apoyo al proyecto gubernamental. Da la impresión de que el principal objetivo del actual gobierno sea el de mantenerse en el poder a cualquier precio.
La democracia exige algo más que resistencia autocrática
Por esa razón, Sánchez solo tiene dos salidas políticamente dignas y democráticamente necesarias.
La primera: presentar una moción de confianza. En España solo puede plantearla el presidente del gobierno. Si considera que mantiene la legitimidad política suficiente, que lo demuestre ante el Congreso.
La segunda: convocar elecciones generales y devolver la palabra a los ciudadanos. Porque al final, en democracia, la última decisión no pertenece ni a los relatos, ni a los aparatos, ni a los equilibrios de supervivencia parlamentaria. Pertenece a los ciudadanos.
Cuando un gobierno pierde la legitimidad de ejercicio, solo el pueblo puede restaurarla o retirarla definitivamente.
Y esto es lo que exigimos como ciudadanos y Corriente Social Cristiana y en nombre del bien común y la defensa de la democracia: Moción de Confianza en el Congreso o Elecciones inmediatas.
Corriente Social Cristiana (e-C) “La Corriente”
