Durante cinco días, las calles de Barcelona han mostrado grandes carteles con un mensaje elemental: «La vida es el primer derecho: ¡Protejámosla!», en el marco de una campaña impulsada por la Corriente Social Cristiana. Una evidencia que con demasiada frecuencia se intenta ocultar: todos los derechos humanos presuponen un derecho anterior, el derecho a existir. Y la existencia de un nuevo ser humano comienza cuando queda constituido su código genético único e irrepetible, desde su concepción.
Casi al mismo tiempo, el Parlament de Catalunya ha aprobado, con los votos de PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP, una declaración a favor del aborto.
La coincidencia sería suficientemente significativa por sí misma. Pero aún lo es más por lo que estos mismos grupos parlamentarios han decidido callar.
Días antes, la Corriente Social Cristiana se había dirigido a todos los grupos del Parlamento a raíz de los graves hechos ocurridos en la parroquia de Santa Maria de Montalegre. El 17 de septiembre, un grupo de activistas feministas intentó impedir un acto en el que varias mujeres que habían abortado querían explicar libremente su experiencia. Ocuparon el espacio, interrumpieron el evento e impidieron la palabra, hasta el punto de que fue necesaria la intervención policial para poder reanudarlo.
Mujeres impidiendo que otras mujeres hablen, y haciéndolo en nombre del feminismo.
Desde La Corriente pedíamos en el Parlament algo tan elemental como una condena pública de los hechos, el apoyo a las mujeres que habían sido silenciadas, la defensa de las libertades de expresión y de reunión y el rechazo de cualquier coacción o violencia destinada a impedir un acto por discrepancia ideológica. También reclamábamos al Govern información sobre los hechos y medidas que se adoptarían para garantizar que episodios similares no se repitieran.
La respuesta de PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP ha sido el silencio ante la coacción y, inmediatamente después, una declaración parlamentaria a favor del aborto.
Es algo político y moral que no olvidaremos.
Aquí ya no se discute sólo sobre el aborto. También se discute sobre libertad. Sobre si en Cataluña todas las mujeres pueden hablar o basta con dar palabra a las que siguen el discurso oficial. Sobre si la violencia y la vulneración de derechos fundamentales merecen condena siempre o dejan de merecerla cuando proceden de determinados puntos de vista opuestos al del Gobierno.
Esta doble vara de medir es gravísima.
Pero existe todavía otra contradicción: la demográfica.
En Cataluña, los abortos ya equivalen aproximadamente al 40% de los nacimientos, mientras mueren más personas de las que nacen y la sociedad catalana depende de la inmigración para sostener el crecimiento de la población. En este contexto, seguir fomentando el aborto no es una política neutral. Tiene consecuencias humanas, sociales y económicas destructivas para nuestro país, más allá de las demográficas. Por otra parte, el elevadísimo número de abortos en Cataluña influye en la caída en picado de la natalidad de las familias catalanas, lo que tiene como efecto colateral un agravamiento de la crisis de la cultura propia y de la lengua catalana.
Sin embargo, los poderes públicos siguen actuando en una sola dirección.
La Generalitat destina millones de euros, entre subvenciones, convenios y otros mecanismos, a entidades que promueven el aborto. Algunas de las entidades beneficiarias dependen en más de un 90% de la financiación procedente de la Generalitat, el Estado, el Ayuntamiento o la Diputación de Barcelona. Son entidades formalmente privadas pero sostenidas esencialmente con dinero público. Mientras, las organizaciones que acompañan a mujeres embarazadas con dificultades y las ayudan a sacar adelante la maternidad no sólo no reciben ningún tipo de ayuda, se las censura y se pretende acallarlas.
Esa asimetría es escandalosa y degrada el sentido de nuestra democracia.
El aborto, además, está financiado por el sistema público incluso cuando se practica en centros privados. Sin embargo, las ayudas a las mujeres que quieren tener a sus hijos son prácticamente inexistentes. La ayuda por nacimiento que otorga el Govern es ridícula: menos de 700 euros una sola vez. Paralelamente, tener hijos incrementa fuertemente el riesgo de pobreza: alrededor del 27% de las familias con hijos se encuentran en riesgo (tasa Arope), porcentaje que se aproxima al 47% en las familias numerosas.
Es difícil imaginar una mayor contradicción: Cataluña necesita desesperadamente más nacimientos, pero tener hijos penaliza económicamente a las familias.
Aún resulta más incomprensible cuando las encuestas de fecundidad muestran que una gran mayoría de las mujeres quieren ser madres y muchas querrían tener dos, tres o más hijos. El problema no es sólo de deseo. Es también condiciones materiales, vivienda, conciliación, permisos y ayudas.
En lugar de afrontar esta realidad, nuestras instituciones políticas concentran recursos, discurso y legislación al promocionar el aborto.
En el fondo existe una cuestión aún más radical.
El argumento del «derecho en el propio cuerpo» no resuelve el problema moral, porque el ser engendrado no es parte del cuerpo de la madre. Es un ser humano diferente, con una identidad genética propia, que, durante una etapa muy concreta de su existencia, de tan sólo nueve meses, depende absolutamente de aquélla.
Aquí aparece la cuestión decisiva: ¿la dependencia concede al cuidador el derecho a poner fin a la vida del dependiente?
Todos hemos sido absolutamente dependientes, y muchos volveremos a serlo al final de la vida.
Una sociedad verdaderamente humana no elimina al dependiente porque depende. Lo protege precisamente porque depende.
Éste es el principio que está en juego. Por eso callar no es una opción.
Y no vamos a callar. Hasta que la vida humana gane.
Corriente Social Cristiana (e-C) “La Corriente”
15 de octubre de 2026
