Exigimos al gobierno de Catalunya el respecto por los derechos constitucionales de todos los ciudadanos
La decisión del consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, de emitir una resolución prohibiendo que grupos de oración se encuentren en las cercanías de los centros donde se aborta, vulnera derechos constitucionales fundamentales; en primer término el de libertad religiosa, así como de expresión y reunión. Estos pequeños grupos de oración, de unas pocas personas, dos, tres, cinco…, ni siquiera tienen la obligación legal de comunicar su presencia a la Administración, lo que a pesar de todo y por buena voluntad hacen. Rezan en voz baja, no están a las puertas de las clínicas abortistas (leer el documento completo).
