Ante los hechos producidos exigimos del gobierno español y de los otros
poderes públicos:
La declaración de emergencia nacional, de manera que el Gobierno español asuma
la dirección completa de la atención de las necesidades.
El incremento de la aportación urgente, con carácter inmediato, de liquidez
económica para familias, autónomos y empresas. Es vital que a cada familia,
autónomo y empresario les llegue ahora una primera inyección de dinero que ya
justificarán después. Hay miles de personas sin recursos que necesitan vivir.
La intervención del Defensor del Pueblo i del Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana para evaluar les actuaciones de les administraciones públicas.
La adopción por parte del gobierno de medidas para paliar la situación de ajuares,
hogares destruidos y actividades económicas devastadas que garanticen la
recuperación de lo perdido, y que no se repitan los errores en las ayudas a los
damnificados por el volcán de La Palma y por el terremoto de Lorca.
La ejecución del proyecto del barranco del Poio y todas las demás obras públicas
de prevención, así como la realización de actuaciones en los terrenos calificados
como inundables en toda España.
La reconstrucción de las poblaciones afectadas con medidas para reducir el riesgo:
edificaciones, equipamientos, urbanización e infraestructuras.
La elaboración de un Libro Blanco por una comisión independiente de expertos
con participación de todas las partes interesadas, y el debate sobre los resultados
en el Congreso y Senado.
La definición de nuevos protocolos de actuación ante episodios de este tipo
basados en las experiencias de los últimos años.
La revisió del sistema d’alertes.
La investigación de la Fiscalía para determinar responsabilidades de las
administraciones públicas.