El Obispado de Vic invitó a monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, a presidir la misa mayor de San Miguel de los Santos el 5 de julio de 2025, con motivo del 400º aniversario del santo y patrón de la ciudad de Vic.
Cargos públicos y miembros de los partidos ERC, CUP y Vic en Comú Podem, junto con los grupos de comparsas de la Fiesta Mayor y los CDR, expresaron su rechazo. Hasta aquí nada que decir, salvo constatar la intolerancia hacia la libertad de expresión, opinión y reunión de los católicos. Pero, además de esta intolerancia, anunciaron públicamente la intención de boicotear su intervención, con protestas ruidosas e incluso con acciones en el interior de la Catedral en el marco de la ceremonia religiosa para impedir que se escuchara la homilía.
Los Mossos d’Esquadra avivaron el temor al emitir un informe alertando de que estas acciones contra la misa pondrían en riesgo a personas y patrimonio, en lugar de garantizar el derecho fundamental de la libertad religiosa de los católicos. El Ayuntamiento mantuvo el resto de los actos de la fiesta mayor, sin formular ningún rechazo a las amenazas, y sin buscar una solución de mediación. El partido político que gobierna la Generalitat, el PSC-PSOE, asumió en silencio las amenazas al igual que lo hizo su aliado Units, a pesar de que su líder es el consejero de justicia de la Generalitat. Junts tampoco ha abierto la boca sobre el caso.
Ante estas amenazas, el Obispado decidió suspender los actos religiosos en la Catedral y en la casa natal del santo.
¿Cómo atentan estos hechos contra los derechos constitucionales y humanos?
Atentan contra el derecho fundamental al ejercicio de la libertad religiosa previsto en la vigente Constitución: el artículo 16.1 establece que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
La acción colectiva planeada basada en la amenaza y la intervención violenta pretendía impedir un acto religioso en la Catedral, coartando el derecho al ejercicio de la libertad religiosa.
Atentan contra el principio básico de la igualdad: el artículo 14 de la Constitución reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de religión.
Atentan contra el derecho fundamental a la libertad de expresión previsto en el artículo 20 de la vigente Constitución. El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia europea consideran la libertad de expresión como una piedra angular de la democracia, esencial para la formación de una opinión pública libre y plural, y condición previa para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Orden público y proporcionalidad del Estado: el Estado debe garantizar el orden público. La suspensión de un acto social legítimo y del ejercicio de un derecho constitucional por temor a disturbios legitima métodos de presión basados en chantaje, la violencia o intimidación. Si ante amenazas por la celebración de una misa la policía de Catalunya no actúa y garantiza los derechos constitucionales, los católicos estamos desprotegidos.
Rechazamos y nos negamos a aceptar: el uso del miedo y la coerción para silenciar opiniones contrarias, que remite a métodos autoritarios históricos donde la opinión disidente no se confrontaba, sino que se suprimía.
Es un precedente peligroso: hoy una iglesia, mañana un acto cultural, o político. Si el uso de las amenazas contra quien piensa diferente resulta eficaz, se está fomentando la reincidencia en las amenazas.
Entre amenazas, falta de protección policial, silencios y omisiones, los católicos se han transformado en Catalunya en ciudadanos de segunda. Lo somos también todas aquellas personas que, con independencia de nuestras convicciones religiosas, tengamos opiniones contrarias a lo que considera normativo ERC, Comuns y la CUP, con la colaboración cómplice de los partidos de gobierno que otorgan con su silencio. Contra ellos se puede actuar en unos términos que no se dan en ningún otro caso.
Si aceptamos que el miedo decida quién habla, se acaba la democracia. Si no reaccionamos ante este episodio, las libertades personales y colectivas en Catalunya están dañadas y en peligro.
Pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya y al pleno del Ayuntamiento de Vic una respuesta de desaprobación y condena a los hechos en contra de la libertad religiosa.
Llamamos a todos los ciudadanos a organizarse para hacer valer sus derechos.
Ven y participa en la Corriente Social Cristiana.
Por tus derechos, por los de todos.
Corriente Social Cristiana (La Corriente)
10 de julio de 2025
