El pasado 13 de mayo, en el transcurso de una entrevista mantenida con el M. Hble. Sr. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, una delegación de los órganos de dirección de la Corriente Social Cristiana le entregó por escrito las cuestiones presentadas a lo largo de la reunión. Una de estas cuestiones fue la petición de que el Gobierno de Catalunya elaborase un informe exhaustivo sobre la situación de los abusos sexuales en Catalunya.
Pocos días después, el caso de la menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que fue víctima de una red de pederastia y violada reiteradamente sin que los servicios competentes lo detectasen, ha sacudido a la sociedad catalana.
Este caso es solo la punta del iceberg. En Catalunya, en el año 2023 se cometieron 4.361 delitos sexuales, que la sitúan con diferencia como la primera comunidad de España[1]. De estos, 3.210 se produjeron en Barcelona, la provincia más afectada, y un 44% tuvieron como víctimas a menores de 18 años. Esto significa que Catalunya registra unos 2.000 casos al año de abusos sexuales a menores. Las cifras se han duplicado en solo 7 años.
La Generalitat de Catalunya tiene la responsabilidad directa sobre unos 9.000 menores tutelados. Lo que ha sucedido no puede considerarse un hecho aislado. Muy al contrario: según datos recogidos en el libro La pederastia en la Iglesia y la sociedad, sería estadísticamente plausible que en el año 2023 se hubieran producido al menos 6 casos de abusos sexuales dentro del colectivo de menores tutelados por el Gobierno. La Generalitat no puede negar esta posibilidad objetiva, ya que ha quedado acreditado que el sistema de control actual es insuficiente.
Por todo ello, consideramos que las comisiones parlamentarias, las reformas internas o las eventuales reorganizaciones de la DGAIA son absolutamente insuficientes e, incluso, podrían servir para encubrir hechos presuntamente delictivos si no se toman las siguientes medidas concretas, que reclamamos:
- Que se hagan públicos los procedimientos administrativos seguidos por la DGAIA —o por el Departamento correspondiente— en relación con casos de abusos sexuales a menores durante la última década, así como la caracterización de las circunstancias de los delitos, víctimas y agresores, y las medidas de prevención, sanción y atención a las víctimas que se hayan aplicado.
- Que el Departamento de Justicia, con los datos disponibles en su ámbito, informe sobre el número de casos de abusos y su perfil en relación con sentencias firmes por delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores en Catalunya.
- Que el Departamento de Interior actúe en la misma línea, proporcionando datos propios sobre detenciones, y que colabore con el Ministerio del Interior para explotar los datos recogidos en los informes del ministerio sobre delitos sexuales contra menores desde el año 2013.
- Que el Gobierno de Catalunya elabore, a partir de todos estos datos, un informe integral sobre la situación actual de los abusos sexuales a menores en Catalunya, que sirva de base para la formulación de una política pública sólida y urgente, orientada a combatir el crecimiento de estos delitos, y que incluya también medidas concretas de atención y reparación a las víctimas.
- Finalmente, que el Gobierno de Catalunya solicite formalmente a la Sindicatura de Greuges la elaboración de un informe específico sobre posibles abusos cometidos en instituciones bajo responsabilidad directa de la Generalitat, con el objetivo de aclarar la verdad, garantizar la justicia y restituir la confianza institucional.
Declaración que comunicamos a los ciudadanos de Catalunya y a la opinión pública general para su conocimiento y para que extraigan las conclusiones pertinentes.
Corriente Social Cristiana (La Corriente)
Barcelona, 27 de mayo de 2025
[1] Informe sobre delitos contra la libertad sexual (Ministerio del Interior, 2023)
